Autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de los Colegios de Abogados y de Graduados en Ciencias Económicas exigieron a la API el cese “de inmediato del cursado de cartas documento” en que se los pretende hacer personalmente responsables del reempadronamiento de otros contribuyentes “que pueden haber sido sus clientes” bajo la amenaza de aplicarles multas de hasta 1.500 pesos y presentarlos como infractores en distintas instancias.Directivos de las tres entidades se reunieron ante las presentaciones de asociados y denunciaron que “las intimaciones son totalmente improcedentes y evidencian un grosero desconocimiento del derecho tributario”.
Explicaron que las figuras que se invocan en las intimaciones corresponden a los administradores de bienes de terceros y los agentes de retención y percepción de impuestos propios de otros contribuyentes. “Esta situación no tiene nada que ver con los actos de los que participan contadores y abogados en sus tareas habituales de asesoramiento y gestión jurídico-contable."
Las entidades entienden que la API “ignora algunas ideas básicas del derecho tributario sancionatorio” y recuerdan que está prohibido amenazar con multas u otras penas a partir de interpretaciones amplias o analógicas”.
Acotan que “es también la propia API la que sufre un perjuicio por generar toda esta actividad innecesaria, no sólo por el elevado precio de las cartas documentos con que formalizó las intimaciones sino también por el dispendio de las gestiones superfluas que deberán sustanciarse para corregir esta situación”.
Exigencias
El petitorio firmado por Carlos Annichini, presidente del Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas; Germán Bonino, titular de Colegio de Graduados del sector; y Salvador Aiello y Martín Ávalos, presidente y secretario, respectivamente, del Colegio de Abogados, exige el cese inmediato del cursado de cartas documento; que se realicen pública y personalmente las debidas aclaraciones y disculpas a quienes erróneamente hayan sido intimados y se disponga el justo resarcimiento de los perjuicios causados.
También requieren se indaguen las responsabilidades de los funcionarios que hayan provocado estos actos ilegales de la API. Por último, solicitan al organismo provincial que mantenga informados a los colegios sobre el avance de estas medidas.
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